Adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Durant aquest mes d’agost s’ha incorporat nova normativa en el nostre ordenament jurídic per part del legislador, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que s’estableix un contingut molt interessant que ens afecta directament, us adjuntem la seva publicació en el BOE.

Tal com es diu al Preàmbul d’aquesta llei, “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos.”

Recordem que “España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, forma parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge.”

El precedent immediat d’aquesta llei seria la “Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat”, de la qual es modifiquen diferents articles destacant l’ajust de la definició legal de “persona amb discapacitat” a la continguda en la Convenció i, molt important per a aquesta associació, la modificació a l’article 1 sobre les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat:

 “Ocho.  El apartado 1 del artículo 15 queda modificado en los siguientes términos:

1. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones Públicas en la esfera de sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las Administraciones Públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.”

L’objectiu d’aquesta Llei és imprimir un nou impuls per aconseguir l’objectiu d’adequació concreta de la regulació en matèria de discapacitat a les directrius marcades per la Convenció, recollint-se les pertinents adaptacions en el seu articulat.